A la carretera

Artículo de Javier Fernández Lanero, publicado en La Voz de Asturias, el 4 de agosto de 2017

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Ante el problema de las pensiones, estamos en un momento en que se emplea mucho tiempo en buscar argumentos, muchas veces inexactos o falsos, que justifiquen determinadas acciones. Sin informes técnicos objetivos e independientes que los amparen. De ahí que estemos asistiendo a una gran mentira por parte del Gobierno de este país, del sistema financiero y del empresariado, todos empeñados en hacernos ver que la sostenibilidad de las pensiones es un problema técnico y no político.

Pero la sostenibilidad del sistema no es un problema de falta de recursos, sino de distribución de la renta, porque no depende de cuántos producen o cotizan, sino de cuánto se produce. No es verdad que el incremento de la esperanza de vida y la baja tasa de natalidad pongan en peligro el sistema público de pensiones y su quiebra. Si esto fuese verdad, la solución sería tan sencilla como abrir la frontera a las personas inmigrantes. Además ¿qué pása con el altísimo nivel de paro que tenemos?

La viabilidad del sistema público de pensiones no está en cuántos trabajadores cotizan. Hay que empezar a hablar de productividad. Hace cincuenta años se necesitaban muchos más trabajadores que ahora para producir lo mismo. Por eso la viabilidad del sistema no solo debe depender de las cotizaciones de los trabajadores, sino de la productividad y de la rentabilidad de las empresas. Por eso hablamos de las cotizaciones de los robots. De gravar las ventas del capital y de ventas empresariales. La Seguridad Social no es algo distinto del Estado.

El artículo 50 de la Constitución dice que “los poderes públicos, garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”. Por tanto, las pensiones tienen la consideración de gastos obligatorios que no tienen que estar ligados a la suficiencia de recursos presupuestarios. Así, el Estado está obligado a garantizar las pensiones, ya sea con cotizaciones o con cualquier otro impuesto.

No es verdad que el problema de las pensiones radique en el gasto, el problema está en los ingresos. Destinamos a ellas el 11,4% de nuestro PIB cuando la media de la Unión Europea está en el 13,5%. No es verdad que el acceso a la jubilación en España se produzca antes. Para jubilarse en España, se necesitan 35 años cotizados, que es la media europea. Países como Francia, Italia o Portugal se jubilan con menos años cotizados. La edad real de jubilación en España es a los 64 años, 2 más que en Alemania.

Por eso exigimos la derogación de la reforma de las pensiones. Porque no hay derecho a que a los pensionistas se les suba un 0,25% el salario cuando la mitad de las pensiones están por debajo del Salario Mínimo Interprofesional y el 70% de las pensiones se mantienen por debajo de 1.000 euros. Cuando, además, para el 30% de las familias, la pensión supone su principal fuente de ingresos. Hay más de 4 millones de pensionistas que están por debajo del umbral de la pobreza.

No hay derecho a que la pensión suba menos de 2€ al mes, cuando solo la luz sube 15, 20 o 25 euros al mes. Porque, además, por cada euro de aumento de las pensiones se han detraído en la renta de las mismas 4,5 euros en copagos. Exigimos, por tanto, recuperar el IPC y la compensación de su desvío para garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas.

Y exigimos también derogar la reforma laboral, que lo único que ha traído es precariedad laboral, temporalidad, parcialidad y una pérdida de poder adquisitivo que están haciendo inasumible garantizar las pensiones.

Es necesario subir el SMI a 1.000 euros, que es lo que dice la Cumbre Social Europea. Necesitamos también que baje la tasa de desempleo, pero con más actividad productiva, no como ahora, repartiendo un contrato de 8 horas en 4 contratos de 2 horas.

También es importante que recuperemos la jubilación parcial con contrato de relevo a los 60 años y que se destopen las bases máximas de cotización para que el 8% de las personas que más ganan coticen por todo su salario. Exigimos que los gastos de la Administración de la Seguridad Social se costeen con los Presupuestos Generales del Estado y no con cargo a las pensiones. Y que se dejen de bonificar las contrataciones a las empresas, porque es una medida que no tiene sentido y que no favorece el empleo indefinido con las pensiones.

La viabilidad del sistema público de pensiones depende de que se genere empleo de calidad, de destinar la productividad a financiar las pensiones, de subir los salarios. Cuanto más salario, más se incrementará el consumo y habrá cotizaciones más altas. Tenemos que añadir también la necesidad de una reforma fiscal integral y de la lucha contra la economía sumergida.

Existen, pues, infinidad de medidas para poner en marcha, que serían sin duda más eficaces que el falso relato que están queriendo hacernos creer. Y lo que sucede, además, es que todas estas mentiras alimentan la visión retrógada de que los pensionistas son una carga, menospreciando la importante aportación de las personas mayores a la sociedad, que ni es pagada económicamente, ni reconocida socialmente.

Porque en nuestro país son muchísimos los padres jubilados que sostienen y apoyan económica y materialmente a los hijos y a sus familias. Las personas mayores, además, son, en gran proporción, poseedoras de la vivienda que habitan y en la que conviven sus hijos y son los que cuidan a los nietos ante la poca racionalización de horarios que soportamos. Pero sobre todo, proporcionan afecto, tiempo, protección y seguridad.

Un país que no cuida de sus mayores, que no protege, ni respeta ni reconoce su labor social, es un país indigno. Por todo esto no nos queda más remedio que salir a la carretera en la gran movilización a pie hacia Madrid que, desde distintos puntos de España, haremos a finales de septiembre en defensa del sistema público de pensiones.

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