Exigen la rectificación de la nueva fórmula de revalorización de pensiones, el freno a los recortes sanitarios y un tipo superreducido de IVA para bienes y servicios vinculados a alimentación y energía
En el Día Internacional de las Personas Mayores, que se celebra cada 1 de octubre, los mayores pertenecientes a la UGT y CCOO han querido hacer oír sus voces en medio de las graves circunstancias por las que está atravesando nuestro país planteando un manifiesto reivindicativo en el que reclaman al gobierno de la nación y a los poderes públicos una serie de medidas, entre ellas la rectificación de la nueva fórmula de revalorización de pensiones, el freno a los recortes sanitarios y un tipo superreducido de IVA para bienes y servicios vinculados a alimentación y energía.
Con motivo de este día, se han producido actos reivindicativos en todo el país. En Oviedo tuvo lugar una concentración en la plaza de España, frente a la Delegación del Gobierno, donde se dió lectura al siguiente manifiesto conjunto:
Durante estos últimos años, venimos diciendo que las medidas que se tomaban para salir de la crisis no eran las medidas idóneas y afectaban de manera muy desequilibrada a la parte, mayoritaria, pero más débil de la Sociedad y, dentro de ella, también, de forma intensa a las personas mayores. Sin embargo, las actuaciones en relación con las personas y entidades sobre las que recae la mayor responsabilidad en la generación de esta crisis (sector financiero, especuladores,…), son insuficientes o inexistentes.
Hoy, insistimos en esta idea, además de denunciar la decisión de no acometer una reforma fiscal adecuada, que refuerce un sistema fiscal suficiente, que permita contar con recursos comparables a los de los países de nuestro entorno, sea más progresivo y justo y elimine aspectos regresivos e injustos de nuestro sistema tributario, como la menor tributación de las rentas de capital respecto de las del trabajo, lo que a través de distintas fórmulas (SICAVs, exenciones o deducciones fiscales) debería ser corregido urgentemente. Del mismo modo debe acentuarse la lucha contra los evasores fiscales que llevan su dinero a los paraísos fiscales y/o directamente incumplen sus obligaciones tributarias.
Lo que sí se ha hecho ha sido recortar los derechos sociales para disminuir el gasto público y debilitar la negociación colectiva y el poder sindical para abaratar los salarios y flexibilizar los mercados laborales. La receta ideal del pensamiento conservador y neoliberal.
Como característica principal de las sociedades modernas, destaca el hecho de que las personas vivimos cada vez más años (hecho que en algunos ámbitos económicos es contemplado con cierto recelo).
Es verdad que la población con una edad igual o superior a los 65 años no ha hecho sino incrementar su peso relativo en el conjunto de la población, pasando de significar el 11,2 % de ésta en 1981 a configurar el 17, 4 % en 2011, lo que supone 6,2 puntos porcentuales en los últimos 30 años; pero también es preciso subrayar que en ese mismo periodo, el Producto Interior Bruto de España creció en un 81,3 %, lo que, de existir unas políticas redistributivas lo suficientemente equitativas, debería satisfacer sobradamente las necesidades derivadas de esa nueva realidad demográfica.
Pero no es menos cierto que en las políticas destinadas a la vejez, España sigue mostrando un importante déficit con respecto a la media europea, a pesar de haber registrado un relativo aumento a lo largo de los últimos años.
El Gobierno sigue con los recortes y estos afectan también, de forma intensa a las personas mayores. Un colectivo que es muy vulnerable a estas políticas, pues las personas mayores estamos pasando, cada vez más, a convertirnos en sustentadoras principales (en ocasiones, únicas) de las siguientes generaciones pues las pensiones suponen la principal fuente de ingresos de más del 30 % de los hogares, y de un 27,3 % en el caso de que el sustentador principal sea una persona mayor de 64 años (sea o no pensionista) a pesar de que más del 54 de las pensiones tienen una cuantía inferior al SMI.
Porque con respecto al sistema de pensiones lo que determina su viabilidad no es sólo la correlación entre jóvenes y ancianos como nos quieren hacer ver, sino la existente entre población activa ocupada y no ocupada. Lo que hoy está minando el sistema público de pensiones no es la evolución demográfica. Son los seis millones de parados, la falta de horizonte laboral para mas del 50% de los jóvenes y la todavía débil y desigual incorporación de la mujer al mercado de trabajo.
Ahora el Gobierno cediendo a las presiones de Bruselas pretende que las pensiones suban solo un 0,25%, en los tres próximos años, el mínimo previsto por la última reforma del sistema de pensiones, lo que, aún siendo conscientes de la coyuntura de baja inflación que hoy se da, propiciada por la debilidad de la economía lo que nos hace estar en riesgo de sufrir una tercera recesión, supondrá una pérdida de unos tres puntos de poder adquisitivo de los pensionistas, según la evolución de los precios que el Gobierno prevé para ese periodo.
Y es esta pérdida continuada del poder adquisitivo, lo que hace que nuestras pensiones se deprecien de forma notable en los próximos años, viendo como los pensionistas, que hasta ahora habían soportado esta crisis mejor que otros grupos de edad, gracias a la cobertura de nuestro sistema de pensiones, hoy ven aumentar también en este colectivo, el riesgo de pobreza.
El Gobierno no debe utilizar la excusa del debate sobre el Factor de Sostenibilidad, que en 2011 se previó para 2027 y que actuaría entonces sobre todos los parámetros del Sistema (ingresos y gastos, entre otros) para presentar un recorte en las pensiones por la vía de la revalorización y de la aplicación anticipada de un Factor de Sostenibilidad que, lejos de servir para garantizar la viabilidad de unas pensiones públicas y suficientes para todas las generaciones, se limita a prever la reducción del gasto en las mismas.
En lo relativo a la Dependencia los pensionistas y jubilados de UGT y CCOO luchamos mucho por conseguirla y hoy a pesar de las dificultades no nos rendiremos ni mucho menos y seguiremos peleando para que el Sistema de Dependencia se mantenga y se acelere su culminación de la que ya miles de personas, sencillamente, no han llegado a tiempo a causa de las demoras y recortes.
Porque la aprobación de la Ley de Dependencia supuso el mayor avance en protección social en los últimos treinta años. De la misma manera que la Ley General de Sanidad Pública permitió a seis millones de pobres entrar en la red pública sanitaria y las pensiones no contributivas garantizaron una prestación a los mayores de 65 años sin ingresos. La ley de Dependencia al ser reconocida como un derecho subjetivo de la ciudadanía y con un soporte financiero para llevarlo a cabo, ofrecía a los ciudadanos de este país, un servicio una vez se le reconociera su grado de dependencia. Pero ya Rajoy, desde el principio, dijo que el sistema era insostenible y a través de la publicación de sucesivos decretos, está derogando o limitando de forma encubierta los efectos de esta importantísima ley, especialmente para las personas mayores. Pero ¿a quién beneficia esta situación?. Claramente a las aseguradoras, que se harán con el negocio, porque siempre habrá dependientes con dinero para poder pagar esta atención, aunque haya una cantidad infinitamente superior que tendrá que recurrir a lo de antes, es decir, a la beneficencia, las redes familiares,…
Vemos como se viene reduciendo de forma constante su nivel de cobertura y el número de personas atendidas, desde los recortes impuestos en el verano de 2012. Desde ese momento, el sistema ha perdido un total de 104.379 personas con derecho a estar atendido y el número de quienes reciben una prestación efectiva se ha reducido en 46.349 personas dependientes. Por lo que es seguro que esta Ley condenará a cientos de miles de dependientes a la exclusión social, con el peligro añadido, el de estar creando una alarma social de difícil control en el futuro.
Especialmente graves resultan los recortes sufridos en sanidad, pues el Gobierno en realidad se ha limitado a imponer una reducción lineal del gasto público, anteponiendo este objetivo económico a los efectos que sobre la salud puedan tener dichos recortes. Las principales líneas para ello han sido:
· Modificación del sistema de copago farmacéutico, extendiéndolo a los pensionistas, de forma regresiva.
· Aumento del número de medicamentos excluidos de la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud, en ocasiones por considerarlos “indicados en el
· tratamiento de síntomas menores”, lo que implica que el enfermo debe costearlos íntegramente y que su precio deja de estar supervisado por el Ministerio por lo que suele incrementarse.
· Reducción de la cobertura ofrecida por los servicios públicos de salud.
· Reducción de la cartera de prestaciones, exclusión del transporte de enfermos, exclusión de prestaciones ortoprotésicas, etc.
· Potenciación de las fórmulas de gestión privada.
Por todo ello hoy día 1 de Octubre, el colectivo de mayores de CCOO y UGT queremos reclamar al Gobierno de la nación y al conjunto de los poderes públicos y administraciones, lo siguiente:
1. Que rectifique la nueva fórmula de revalorización de las pensiones y se ajuste a lo establecido en la Ley 27/2011. Nosotros como pensionistas y jubilados de CCOO y UGT, queremos recordarle al Gobierno, que la revalorización anual de las pensiones públicas era garantía del mantenimiento del poder adquisitivo de los jubilados y pensionistas, y su fórmula derogada desde el pasado 1 de enero de 2014, estaba regulada por ley desde 1996 con un acuerdo de Diálogo Social.
2. Constatamos que la brecha entre ricos y pobres aumenta cada día más en nuestro país, convirtiéndonos en campeones europeos de la pobreza.
En la actualidad, se cifra en más de cuatro millones de Pensionistas los que están por debajo del umbral de la pobreza, de ellos tres millones cobran menos de 420 euros al mes, cuando las pensiones públicas juegan un papel fundamental en la demanda interna de bienes y servicios de nuestro colectivo, contribuyendo al crecimiento y reactivación de la economía y asegurando un nivel de vida digno y de calidad.
3. La derogación de las reformas y freno a los recortes que en materia sanitaria se están llevando a cabo: exclusión de colectivos del sistema, copago farmacéutico injusto y regresivo, etc.
Reivindicamos la especialidad de Geriatría/Gerontología con programas de atención primaria junto a los programas de atención domiciliaria, todo ello muy necesario para nuestro colectivo
4. En lo referente a la dependencia denunciamos que más del 40% de los servicios son prestados por cuidadores informales. Nos llama la atención del poco interés mostrado por los poderes públicos en la necesaria cualificación profesional de las personas que trabajan en el sector, que debían acreditarse antes de 2015, y aún existen comunidades autónomas, en las que todavía no se ha efectuado ninguna convocatoria de acreditación. Por lo que se corre el riesgo de volver al pasado y que tengan que ser las familias quienes se ocupen de atender a las personas dependientes, con precariedad añadida.
5. Necesitamos un tipo superreducido del IVA para todos los bienes y servicios vinculados a la alimentación y a la energía. Es decir, gas, calefacción y electricidad, lo que supondría una ayuda a las familias por un importe de 4.000 millones de euros y a los pensionistas y jubilados, en muchos casos, nos permitiría poder encender el brasero los meses de invierno.
6. Que las políticas sociales cumplan su objetivo final, cual es el de ayudar a los colectivos más necesitados y cubrir sus necesidades básicas: social, alimentación, sanidad y vivienda entre otras.
Seguimos constatando que, en demasiadas ocasiones, estas medidas se toman unilateralmente, sin contar con los Sindicatos, legítimos representantes de los trabajadores y de los pensionistas. Por lo que, desde nuestro punto de vista, entendemos, que por esta causa, tanto la reforma laboral como la reforma de las pensiones han sido un fracaso, que está afectando de lleno a estos colectivos.
7. Al Gobierno de España le exigimos medidas eficaces contra la pobreza energética, estableciendo un auténtico bono social para la electricidad y gas, que garantice el suministro básico de todos los hogares e impida los cortes de suministro, teniendo en cuenta los miembros de la unidad familiar y el nivel de renta. Y adecuando el término de potencia a la realidad actual. Bono social, que debería cubrir como mínimo a todas las unidades familiares cuyos ingresos se sitúen por debajo del umbral de la pobreza.
8. La situación del Fondo de Reserva es alarmante. De seguir con la tónica actual, gastando 12.000 millones anuales solo para afrontar las pagas extraordinarias- llegaremos al 2018 y ahí se acabará el mismo. Si bien es cierto que el Fondo de Reserva debe garantizar cualquier insuficiencia de ingresos en la Seguridad Social, no lo es menos que una administración responsable haría lo necesario para evitar agotarlo, como consecuencia de la crisis, antes de tiempo. Esto significa actuar de manera decidida sobre los ingresos del Sistema de Pensiones, para garantizar que se destinan a pensiones los recursos suficientes, comparables a los que ya dedican los países de nuestro entorno,alrededor de un 13,5% del PIB, frente al poco más del10% en nuestro caso.
9. Nos oponemos a la reforma de la ley de Régimen Local, pues es un capítulo importante de los recortes a las administraciones públicas, en beneficio de los intereses económicos privados.
La nueva ley de Administración Local supone la eliminación de los servicios sociales comunitarios, tal como establece el Plan Concertado y reduce la intervención municipal al campo de las emergencias sociales.
Esta reforma potenciará la privatización de la gestión de los servicios sociales de base, lo que hará que millones de familias pierdan o vean dificultado su acceso a derechos ciudadanos eliminando servicios y, conllevará, con mucha probabilidad, la pérdida de miles de puestos de trabajo.
Si esta situación es grave, lo es también el que las Administraciones locales puedan prestar estos servicios por medio de entidades privadas, argumentando que de esta manera se gestiona mejor y más barato. Pero lo público bien gestionado no es más caro que lo privado, como ha demostrado, por ejemplo, la propia Seguridad Social o el Sistema Sanitario.
Los pensionistas y jubilados de UGT y de CCOO, trabajaremos, con el conjunto de las Confederaciones sindicales de CCOO y UGT y la sociedad organizada por la reorientación de la política económica y social del Gobierno, pues estas políticas nos han abocado, también al colectivo de personas mayores, a un aumento de la desprotección social y a un empobrecimiento generalizado.
